Aparecen los dueños de Machu Picchu
Roxana Abrill aseguró en 2003 que el impresionante
complejo arqueológico de Machu Pichu y todos sus terrenos pertenecían a su
familia. Tan segura estaba de ello que se aventuró a demandar al estado peruano
reivindicando la propiedad y exigiendo que le devolvieran el terreno.
No ha sido la única que ha reclamado la propiedad de
estas ruinas, elegidas en 2007 como una de las siete maravillas del mundo
moderno y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1983. En 2005 Blanca
Zavaleta y sus hermanos también afirmaron ser dueños de los terrenos que rodean
Machu Picchu y los caminos incas de sus alrededores.
Unas declaraciones controvertidas, más por tratarse
de uno de los grandes reclamos del país, que terminó resolviéndose en 2019 tras
más de una década de litigios. La Corte Superior del Cusco declaró infundada la
demanda presentada por la familia Abrill, que exigía al estado el pago de 100
millones de dólares por el uso de las 13.000 hectáreas de tierras explotadas
por el turismo.
El ministro de cultura de Perú, Luis Jaime Castillo,
recordó tras la resolución que “el patrimonio cultural arqueológico es
propiedad del Estado, y a veces esa propiedad se disputa”. Para él, lo
principal, era primar el derecho inalienable de todos los peruanos por defender
sus baluartes del patrimonio cultural.
Aunque, si bien es cierto, tanto la familia Abrill
como la familia Zavaleta presentaron unos documentos que, efectivamente, les
hacían poseedores de estas tierras. Esta es su historia.
Los problemas legales en torno a la ciudadela inca
se iniciaron en 1944, cuando las dos familias se dividieron la propiedad a
pesar de la existencia de una ley que detallaba que el Estado era propietario
de los restos arqueológicos.
La división fue clara: los Abrill se quedaban con
las ruinas y los Zavaleta con la red de caminos incas. Y de ahí surge la
verdadera polémica, porque esta repartición tuvo la aprobación de un notario,
un documento que ha sido durante los 15 años de peleas judiciales la principal
baza de ambas familias. El Estado, finalmente, pudo demostrar que los terrenos
de estas familias, que en efecto les pertenecían, fueron expropiados durante la
Reforma Agraria en 1960 y 1970.
Pero para entender el resultado del pleito hay que
conocer a Mariano Ignacio Ferro, que entre 1904 y 1910 compró a una familia de
apellido Nadal una propiedad de 22.000 hectáreas, que incluía la ciudadela.
Este terrateniente fue el que dejó su propiedad en
herencia a su hija Tomasa, que se casó con el abogado José Emilio Abrill. Ante
la creciente popularidad de Machu Picchu, Abrill empezó unas largas gestiones
para que el Estado le expropiara los terrenos a cambio de una compensación
económica. Pero los gobiernos se vieron incapaces de calcular el precio que
debían pagar a la familia.
Es por eso que en los años 40 del siglo pasado
Abrill se dedicó a vender parte de su propiedad. Y ahí es donde entra la
familia Zavaleta, que se quedó con una parte de este territorio a cambio de una
jugosa compensación económica a esperas de que el Estado se decidiera a
comprarlo. Pero nunca se formalizó la compra.
El Estado actuó a golpe de ley, para preservar unos
territorios que son de todos los ciudadanos peruanos, estableciendo que “todos
los monumentos prehispánicos existentes en el territorio nacional pasaban a ser
propiedad del Estado”. Las familias Abrill y Zavaleta siguieron defendiendo que
la norma no se aplicaba en su caso, porque los títulos de propiedad de sus
familias databan de entre 1904 y 1910.
El resultado ya lo sabes: el Estado peruano, velando
por la conservación de su querido Machu Picchu, decidió a través de la Corte
Superior de Justicia que esos terrenos pertenecían a todos y cada uno de sus
habitantes. Y es, por eso, por lo que Macchu Pichu ya tiene dueño: el corazón
de todos los peruanos.
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