La Justicia española pide juzgar como violencia machista el maltrato animal para dañar a la pareja

 

El XVIII Seminario de Fiscales Delegados de Violencia sobre la Mujer, que se celebra anualmente para "alcanzar consenso en cuanto a pautas de actuación", ha tratado el maltrato animal para dañar a la pareja; la protección de los encargados de menores huérfanos y la problemática de los agresores persistentes.

Desde hace unos meses, el Código Penal reconoce el vínculo existente entre el maltrato a los animales y la violencia de género: existe una agravante para los casos en los que se lesione gravemente o se mate a un animal "para coaccionar, intimidar, acosar o producir menoscabo psíquico" a una pareja o expareja.

La Fiscalía General del Estado ha señalado que este tipo de violencia también es de género y, por tanto, debe ser competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, según informa EFE.

Este debate ha coincidido con la notícia de un presunto maltratador, vecino de Montserrat, que ha degüellado a la mascota—un conejo—de su pareja para hacerla sufrir. No contento con ello, ha cocinado al animal y ha tratado de hacer que su dueña se lo coma.

Otra de las conclusiones de este seminario es del estudio sobre la protección de las personas que se encargan del cuidado de los menores huérfanos de violencia de género.

El documento del seminario subraya que los feminicidas—a quienes se prohíbe comunicarse o acercarse a los niños y niñas de la mujer a la que han asesinado—contactan en ocasiones con los cuidadores de estos huérfanos. Algo que "quebranta" su tranquilidad y perturba el cuidado y la atención que han tenido que asumir "tras tan traumática experiencia".

Por tanto, se ha solicitado a los fiscales que valoren la necesidad de extender la prohibición de aproximación y comunicación a las personas encargadas de la guarda y custodia de los menores huérfanos.

El último tema que ha destacado el seminario hace referencia a los denominados ‘agresores persistentes’. Por primera vez, la Fiscalía ha concluido un "factor de riesgo grave" que el agresor tenga antecedentes por violencia de género con otras parejas.

Así, se ha ordenado que el ministerio público preste "especial atención" a estos agresores a la hora de solicitar las medidas cautelares adecuadas para proteger a la mujer y los menores, así como pedir la instalación de pulseras de control telemático.

También que la medida de prisión cautelar debe, a su misma vez, prohibir la aproximación y comunicación con la víctima para evitar que el agresor pueda seguir violentando y controlandola en encuentros vis a vis o de comunicación no presencial.

Para finalizar, el seminario ha recordado que se debe retirar el arma cuando el agresor investigado sea miembro de la Policía Nacional o la Guardia Civil, tal y como establecen los protocolos de Interior, y en todos los casos en los que exista permiso de armas estas se incautarán y los fiscales solicitarán la suspensión del derecho a tener, llevar y hacer uso de las mismas.

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